Desde el 20 de diciembre pasado la violencia política reapareció nuevamente en la Argentina revelando la existencia de grupos poderosos que, aprovechando la fragilidad institucional que desde entonces vive la República, buscan  sembrar el pánico y desestabilizar el ya de por sí frágil sistema. Evidentemente, el objetivo que persiguen esos sectores es la implementación de un Estado autoritario que logre poner fin a la movilización y politización  de las masas.

La creciente participación de la clase media, tradicionalmente conformista y aliada a los grupos dominantes, y el endurecimiento de los reclamos piqueteros hicieron que esos sectores vieran peligrar su monopolio del poder. Entonces, anteponiendo sus intereses personales a los de la Nación, comenzaron a especular con la probabilidad de que una eventual situación de caos provoque una fuerte exigencia de orden por parte de la población.

Los saqueos de diciembre pasado, el atentado contra la vida de Estela de Carlotto en septiembre, la interna con características mafiosas y las operaciones para hacer caer al gobernador y al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, son sólo algunos de los escenarios en los que se hizo evidente el accionar de esos grupos. A esto se suman los grandes multimedios -algunos surgidos de la noche a la mañana con capitales de dudosa procedencia- que, manipulando la información, aprovechan la situación para exigir a gritos “mano dura”, “mano dura” que ningún poder político duda en implantar.

Por otra parte, las amenazas y agresiones de las que es objeto la prensa cada vez que intenta acercarse al ex presidente Carlos Menem, lo mismo que los ataques realizados por patotas pagadas que sufrieron durante los primeros meses del año los participantes de algunas protestas sociales y asambleas barriales, significan graves violaciones a la libertad de expresión.

Por eso, desde la revuelta popular de hace un año, la violencia política, que se creía asunto del pasado, ha retornado. La idea de otorgarle mayor poder a la Policía, aún a costa de poner en riesgo los derechos y garantías fundamentales para el funcionamiento de la democracia, ronda las cabezas de muchos dirigentes. Mientras tanto, piqueteros asesinados en el Puente Pueyrredón, jóvenes torturados en las comisarías del Gran Buenos Aires o arrojados al Riachuelo parecen noticias de otro tiempo. Sin embargo, no lo son: es lo que se viene leyendo en los diarios desde el 20 de diciembre de 2001.

por Guadalupe Farina